El conde italiano Giuseppe Tomaso de Lampedusa escribió en su vida solo una novela, la cual lo inmortalizó: El Gatopardo. Este hermoso libro se basó en su observación personal de la vida social en Sicilia hasta la década de 1950 (falleció en 1957) y de su conocimiento de la historia de Italia. Una frase del personaje Tancredi capturó la imaginación de los lectores y se popularizó para siempre: “hay que cambiar para que nada, en definitiva, cambie” en referencia a la inmutabilidad del orden social italiano de mediados del siglo XIX, la importancia en este de las elites, la relación entre el poder económico y el poder político y como el entre-lazado de familias, partidos políticos y costumbres mantenían dicho orden social y económico casi inmutable.
Al leer nuevamente esta novela, en Chile hoy, surge la interrogante: cuanto ha cambiado y cuanto permanece inmutable en el orden económico y social chileno? Tomemos dos puntos de comparación: los años 60 y el momento actual, digamos acercándonos al fin de la primera década del siglo XXI. Son aproximadamente 40 años, tiempo suficiente para hacer alguna comparación relevante. Que cambió? Claramente el nivel de vida material de las personas. En los años 60 el PIB por persona de Chile era solo una fracción del actual mejorando el estándar de vida material del “chileno promedio” (existe ese concepto?), aunque el estándar de vida de esa época tampoco era demasiado modesto. Hoy producto de la aceleración del crecimiento económico principalmente de los últimos 20 años la gente, en promedio, vive mejor. Tiene mejores casas donde habitar, mejor vestuario, la infraestructura se modernizó y las personas tienen acceso a una variedad de bienes que simplemente no existían en esa época: teléfonos celulares, DVD, TV de alta resolución, etc. Nuestra economía es hoy de mucho mayor tamaño que en el pasado, su estructura productiva es mas moderna y su mercado de capitales moviliza niveles de ahorro impensables cuatro décadas atrás.
Sin embargo, este progreso no está exento de contradicciones: mientras nuestra macroeconomía se hizo mas estable y sofisticada, nuestros ciudadanos, sus casas y barrios se tornaron físicamente mas vulnerables (o inestables) por la delincuencia. La gente vive con más stress, gasta mas tiempo transportándose a sus puestos de trabajo y vive mas endeudada. Cambió nuestra estructura social? La respuesta no es inequívoca. Por un lado el porcentaje de pobreza bajó y ese es un avance importante. El “pobre “de hoy es diferente al “pobre’ de 40 años atrás. La desigualdad de ingresos y riquezas actual en Chile no es menor que en los años 60 y quizás sea un poco mayor. La concentración de propiedad de activos productivos y financieros es muy alta en el Chile actual. En este sentido la estructura social varió poco.
En los 60 se escribieron algunos libros sobre la concentración económica de esa época y la sorpresa es constatar como esa realidad no cambió en cuatro décadas, aunque las magnitudes absolutas del valor de la riqueza por cierto son muy diferentes. Chile fue y es un país de elites. El concepto no es tan susceptible de ser medido empíricamente como el IPC o el PIB, pero que las elites existen, no hay duda. Estas elites, generalmente muy estables en el tiempo, están constituidas por dirigentes políticos y empresariales, altos funcionarios del estado y en general personas en posiciones de poder. Un fenómeno interesante es la creciente importancia que ha adquirido la elite del conocimiento (en especial aquella especializada en economía y finanzas) constituida por profesionales altamente educados con post-grados en el extranjero. Esta elite no tenía tanta influencia y poder cuatro décadas atrás en nuestro país. En fin, la novela de Lampedusa da, mágicamente, claves para entender la realidad del Chile actual. Quizás por eso sea un clásico.
* El autor es Economista de la Universidad Católica de Chile y Doctor en Economía del MIT.
miércoles, 19 de diciembre de 2007
jueves, 30 de agosto de 2007
Fantasmas en las Relaciones Laborales?
La Tercera
30/Agosto/2007
Andrés Solimano*
Un fantasma recorre Chile: es el retorno del activismo sindical, los trabajadores pidiendo mejores sueldos, mas protección en el empleo y derechos laborales. “Que se respete el estado de derecho”, “que el gobierno imponga orden”, “ Se va a hundir el modelo chileno” son algunas de las reacciones, quizás emocionales, que se han escuchado. El asunto debe analizado, sin embargo, con mesura, realismo y actitud analítica. Por un lado es una constante histórica que cuando los países crecen rápido y el nivel de empleo aumenta surgen demandas de los trabajadores por mejores salarios, y por llevarse una parte de las mejoras de productividad. En los años 60 y 70 en Europa tal fue el caso siguiendo casi 25 años de crecimiento ininterrumpido de post-guerra. Chile lleva más de 20 años de crecimiento respetablemente alto, con niveles de empleo crecientes pero también con una notoria y persistente desigualdad en la distribución de la renta. No es de extrañar entonces que el sector laboral, en forma inorgánica probablemente, se empiece a reactivar y aumenta su grado de exigencias laborales. La respuesta a este emergente movimiento social debe considerar varios elementos; por un lado el reconocimiento que el trabajo es la principal actividad para la mayoría de los Chilenos su fuente de ingresos, satisfacción o frustraciones, realización de proyecto de vida y aspiraciones. Los economistas (neoclásicos) plantean que el consumo es la principal fuente de satisfacción para las personas. Sin embargo quizás mas importante es el trabajo que además genera el ingreso para poder consumir, entre otras cosas. Una segunda consideración es que Chile es una economía globalizada, quizás no tanto en su cultura y valores, pero si en su estructura productiva y por ende se requiere estructuras laborales flexibles y competitivas; la visión del retorno de un sindicalismo paralizante con demandas “pasadas de tejo” esta aparentemente en las psiquis empresarial y de ahí su reacción a los brotes de un nuevo activismo sindical. Naturalmente este no es el modelo sindical que debe imperar. Sin embargo también deben revisarse las asimetrías de salarios y beneficios entre los contratados de planta y los de empresas contratistas y en general el grado de participación y voz de los trabajadores en las decisiones que los afectan a nivel de la empresa. Tercero, el tema de la excesiva rotación y precariedad laboral --que se reflejó en los problemas para acceder a la pensión mínima con 20 años de cotización ininterrumpida es también un reflejo de los problemas del funcionamiento del mercado laboral. Cuarto, si bien redistribuir el ingreso mediante aumentos de salarios que no van acompañados de mejoras de productividad es ilusorio, es importante asegurar que las transferencias del estado para garantizar ingresos mínimos sean sustentables en el tiempo y no dependan de la buena voluntad de los gobiernos de turno. La propuesta del dividendo ciudadano del cobre (distribución directa de parte de los excedentes de CODELCO a todos los ciudadanos) planteada en una columna anterior va en esa dirección. En definitiva el tema sindical estará con nosotros por un tiempo y es importante abordarlo con realismo y criterios modernos y de futuro. Dejemos los fantasmas del pasado en el desván de la historia.
* Economista Universidad Católica de Chile. Doctor en Economía MIT, Estados Unidos.
30/Agosto/2007
Andrés Solimano*
Un fantasma recorre Chile: es el retorno del activismo sindical, los trabajadores pidiendo mejores sueldos, mas protección en el empleo y derechos laborales. “Que se respete el estado de derecho”, “que el gobierno imponga orden”, “ Se va a hundir el modelo chileno” son algunas de las reacciones, quizás emocionales, que se han escuchado. El asunto debe analizado, sin embargo, con mesura, realismo y actitud analítica. Por un lado es una constante histórica que cuando los países crecen rápido y el nivel de empleo aumenta surgen demandas de los trabajadores por mejores salarios, y por llevarse una parte de las mejoras de productividad. En los años 60 y 70 en Europa tal fue el caso siguiendo casi 25 años de crecimiento ininterrumpido de post-guerra. Chile lleva más de 20 años de crecimiento respetablemente alto, con niveles de empleo crecientes pero también con una notoria y persistente desigualdad en la distribución de la renta. No es de extrañar entonces que el sector laboral, en forma inorgánica probablemente, se empiece a reactivar y aumenta su grado de exigencias laborales. La respuesta a este emergente movimiento social debe considerar varios elementos; por un lado el reconocimiento que el trabajo es la principal actividad para la mayoría de los Chilenos su fuente de ingresos, satisfacción o frustraciones, realización de proyecto de vida y aspiraciones. Los economistas (neoclásicos) plantean que el consumo es la principal fuente de satisfacción para las personas. Sin embargo quizás mas importante es el trabajo que además genera el ingreso para poder consumir, entre otras cosas. Una segunda consideración es que Chile es una economía globalizada, quizás no tanto en su cultura y valores, pero si en su estructura productiva y por ende se requiere estructuras laborales flexibles y competitivas; la visión del retorno de un sindicalismo paralizante con demandas “pasadas de tejo” esta aparentemente en las psiquis empresarial y de ahí su reacción a los brotes de un nuevo activismo sindical. Naturalmente este no es el modelo sindical que debe imperar. Sin embargo también deben revisarse las asimetrías de salarios y beneficios entre los contratados de planta y los de empresas contratistas y en general el grado de participación y voz de los trabajadores en las decisiones que los afectan a nivel de la empresa. Tercero, el tema de la excesiva rotación y precariedad laboral --que se reflejó en los problemas para acceder a la pensión mínima con 20 años de cotización ininterrumpida es también un reflejo de los problemas del funcionamiento del mercado laboral. Cuarto, si bien redistribuir el ingreso mediante aumentos de salarios que no van acompañados de mejoras de productividad es ilusorio, es importante asegurar que las transferencias del estado para garantizar ingresos mínimos sean sustentables en el tiempo y no dependan de la buena voluntad de los gobiernos de turno. La propuesta del dividendo ciudadano del cobre (distribución directa de parte de los excedentes de CODELCO a todos los ciudadanos) planteada en una columna anterior va en esa dirección. En definitiva el tema sindical estará con nosotros por un tiempo y es importante abordarlo con realismo y criterios modernos y de futuro. Dejemos los fantasmas del pasado en el desván de la historia.
* Economista Universidad Católica de Chile. Doctor en Economía MIT, Estados Unidos.
viernes, 20 de julio de 2007
Más Allá de la Pobreza: Condición Humana y Desigualdad
Para la Revista Mensaje
Andrés Solimano*
10/Julio/2007
Quizás hay pocos conceptos tan elusivos como el de la pobreza. La medición estándar es comparar los ingresos de las personas o familias con el costo de una canasta mínima de satisfacción de necesidades básicas. La ventaja práctica de este método es que, en principio, se puede “medir” la pobreza y, si se creen los números obtenidos, estos pueden ser comparados en el tiempo y entre países para inferir avances o retrocesos en la “lucha contra la pobreza”. Por supuesto esta medida de la pobreza es prácticamente una caricatura de la condición humana. Más bien sirve para identificar situaciones de indigencia y vulnerabilidad alimenticia y de salud que, por supuesto, deben ser atendidas con celeridad y eficacia. La interrogante: Que constituye una buena calidad de vida o cuan felices son las personas? es un tema que ya preocupó a los filósofos griegos de la antigüedad como Platón y Aristóteles, a los utilitaristas como Bentham y Jevons, y a pensadores como Marx, Arendt, Sartre, Cohen y otros, que trataron de ir mas allá de las condiciones materiales de las personas para inferir felicidad, satisfacción y calidad de vida, identificando otras dimensiones relevantes como alienación versus auto-realización, el sentido de pertenencia a la familia y la comunidad, reconocimiento social, acceso a bienes estéticos, capacidades creativas, y la practica de la solidaridad social como medio de trascendencia moral. Obviamente ni la canasta de bienes de consumo y servicios mejor medida del mundo va ser capaz de reflejar, cabalmente, estas consideraciones. Sin embargo los gobiernos y las instituciones internaciones necesitan mostrar resultados de su acción y aparentemente la lucha contra la pobreza es capaz de movilizar consensos en torno a un objetivo, en apariencia inobjetable, pero que analizado con profundidad es un criterio en necesidad de profundas revisiones.
Es obvio que tarde o temprano la pobreza tenderá a desaparecer producto del crecimiento económico y de la presión social por mejorar la situación de los sectores populares y pobres. Ya lo indicó hace tiempo el famoso economista británico John Maynard Keynes quien escribió, en medio del pesimismo de la depresión de los años 30 un famoso articulo titulado The Economic Possibilities of our Grandchildren (Las Posibilidades Económicas de Nuestros Nietos). En dicho articulo Keynes mostraba que un país creciendo a una tasa razonable (3 por ciento por año para el Reino Unido fue su ejemplo) resolvería su problema económico, entendido como contar con los bienes materiales para cubrir las necesidades fundamentales de la población, en no mas de dos generaciones. Por supuesto la sociedad inglesa era menos desigual que la Chilena y por lo tanto derrotar la pobreza era más fácil aunque incluso los países ricos no pueden cantar victoria total en ese frente. Pero el punto de fondo es que el problema tenía solución.
La desigualdad.
Si el potencial económico de Chile (sobre todo ahora que somos mas rico por el cobre) da para resolver el problema de la pobreza a una velocidad mucho más rápida que la observada y si este problema efectivamente se resolviera serán los chilenos efectivamente mas felices? vivirán mejor? tendrán vidas mas satisfactorias? Ciertamente una parte importante del “problema económico” es lograr que la población se alimente bien y pueda satisfacer sus necesidades de consumo, abrigo, vivienda, salud. Sin embargo, una observación mas detenida del comportamiento humano revela que las necesidades se vuelven relativas y ahí el problema adquiere otro cariz. Lo relativo puede ser respecto a lo que tienen otros y entonces dependemos de la distribución de los ingresos y las oportunidades. También lo relativo se puede definir en relación a lo que cada cual tenía en el pasado (tener un TV blanco y negro era probablemente una enorme fuente de satisfacción en los años 60 para muchas familias pero hoy volver a un TV blanco y negro es un evidente retroceso para muchos). También lo relativo puede ser respecto a las expectativas de bienestar material futuro de las personas. En cualquier caso, pasando del umbral de satisfacción de sus necesidades básicas (este criterio obviamente también cambia en el tiempo), su felicidad y satisfacción la evaluarán en una perspectiva relativa.
Compararse no es solo un problema de “envidia” como algunos aducen para descartar la preocupación por el tema distributivo. Simplemente parte de la satisfacción (o frustración) de la gente se deriva de su percepción de vivir o no en un orden social justo, donde las oportunidades son razonablemente iguales para todos, donde la capacidad de esfuerzo individual y colectivo, el talento, la inventiva y la actitud frente al riesgo son los determinantes fundamentales de la capacidad de progreso económico y de generación de ingresos de las personas mas que los contactos sociales, la pertenencia a un partido político, la riqueza familiar o el origen social. Muchas veces la satisfacción con el entorno laboral, la capacidad de participación ciudadana, la inserción comunitaria y una vida familiar plena son más importantes que el acceso a los bienes de consumo. Lamentablemente nuestro modelo económico y las varas culturales de éxito que este modelo ha generado premian más el consumo que estas otras dimensiones.
Chile es una economía y sociedad con una distribución de ingresos muy desigual, bastante estable en el tiempo y que tiene mecanismos fuertes de reproducción y de preservación del status quo. Los datos sobre la desigualdad son bastante conocidos: mientras el 10 por ciento mas pobre captura poco más del 1 por ciento del ingreso nacional el 10 por ciento mas rico representa el 46 por ciento de dicho ingreso. Esta brecha se ensancha al comparar el 5 por ciento más rico con el 5 por ciento mas pobre. Esta dispersión se exacerba más aun si comparamos el 1 por ciento más rico con el 1 por ciento mas pobre. El coeficiente de Gini, una medida matemática para medir la distribución del ingreso (el valor cero representa perfecta igualdad y el valor uno desigualdad completa) era de 0.57 en 1990, alrededor de 0.56 en el 2003 y bajó levemente a 0.54 en el 2006 según los datos preliminares de la CASEN 2006. Estos niveles del índice ubican a Chile entre los países mas desiguales de América Latina una región ya con ingresos muy concentrados en el concierto internacional. Si se hace el ejercicio de sacar el 10 por ciento mas rico del cálculo del índice de Gini este baja a 0.38 un nivel cercano al promedio de la OECD. Es decir la desigualdad en Chile se asocia a una alta concentración de la distribución en los tramos de ingresos más altos y no debido a una pobreza muy crítica en los estratos bajos. Hay dos características adicionales de la desigualdad en Chile: una es que parece ser bastante insensible al ritmo de crecimiento económico y la otra que el advenimiento de la democracia en 1990 casi no afectó la desigualdad subsiguiente. En efecto, mientras Chile duplicó su ingreso por habitante en los últimos 20 años la desigualdad permaneció prácticamente constante; tal vez sucesivos aumentos en el grado de ingreso por persona y el nivel de desarrollo de Chile lleven a que esta disminuye, pero esto aun debe ser verificado. La segunda característica es que la restauración de la democracia en 1990 no ha llevado a ninguna reducción significativa de la desigualdad. Prosperidad y democracia, aparentemente, corren por un carril separado al de la desigualdad en Chile, lo que es un tema preocupante por las consideraciones anteriormente expuestas.
Porque la desigualdad resulta ser tan estable en nuestro país? podemos identificar cuatro factores, vigentes actualmente, que pueden calificarse como elementos reproductores e incluso reforzadores de la desigualdad;(i) una alta concertación de la riqueza de activos productivos, (ii) una estructura productiva caracterizada por un gran numero de empresas de menor tamaño que conviven con un numero reducido de empresas grandes de mayor productividad, con acceso a crédito, mercados externos y tecnologías, (iii) un sistema educacional con grandes diferencias de recursos y calidad entre educación publica y privada y (iv) una matriz institucional que tiene instituciones muchos mas fuertes encargadas de la estabilidad macroeconómica que de la gestión de la política social.
Las cifras son claras en mostrar concentración patrimonial por parte de grupos económicos e individuos en la banca, AFP, ISAPRES, el mercado accionario, industria farmacéutica, supermercados y otras. Esta concentración de propiedad ciertamente está relacionada con la concentración de ingresos corrientes que mide la encuesta CASEN la que básicamente mide ingresos laborales mas que los ingresos del capital.
Un segundo factor está asociado a una estructura productiva muy heterogénea y concentrada. Las mediciones del sector de micro empresas difieren si estas se miden según empleo o ventas; de cualquier forma, el sector es muy numeroso, su contribución al empleo total es cercana al 70 por ciento, su productividad es inferior a las empresas grandes y tienen una serie de restricciones al acceso a crédito, tecnología y mercados. En contraste el sector de empresas clasificadas como grandes es muy pequeño en tamaño: alrededor de 7000 establecimientos en comparación con cerca de 500 mil micro empresas (criterio ventas del Servicio de Impuestos Internos). Las empresas grandes tienen una alta participación en las ventas y realizan el grueso del esfuerzo exportador chileno, aunque son menos intensivas en empleo que empresas de menor tamaño. Estas dualidades productivas ciertamente están relacionadas con la concertación de ingresos antes documentada. Referente al sistema educacional los recursos económicos por alumno que dispone la educación privada son muy superiores a los que dispone la educación publica a la que van los hijos de los pobres y parte de la clase media; por otra parte las diferencias en rendimiento en las pruebas de selección universitaria están cercanamente asociadas al tipo de escuela que proviene el alumno, etc. Como el capital humano es una variable que influye decisivamente en la capacidad de generación de ingresos de las personas las desigualdades en el sistema educacional tienden a reforzar la desigualdad inicial de recursos entre los jóvenes y sus familias que sesgan su acceso a la educación pública versus la privada. Finalmente, la matriz institucional es importante para la preservación de posiciones de influencia y poder de las elites y además reflejan las prioridades de la política económica y social a través del aparato del estado. Chile tiene un sistema presidencial fuerte, con iniciativa legislativa concentrada en el ejecutivo y un sistema binominal que premia la permanencia de coaliciones en el tiempo (Concertación por la Democracia y Alianza por Chile) y castiga electoralmente a los partidos y grupos que están fuera de estas alianzas. Este sistema le ha dado a partir de 1990 una considerable estabilidad al sistema político chileno; sin embargo, este no favorece ni incentiva cambios sistémicos en la sociedad chilena que puedan afectar los intereses de las elites políticas dominantes. A nivel de institucionalidad económica y social se observa una mayor fortaleza e influencia de las instituciones a cargo de la política macroeconómica como el Banco Central y el Ministerio de Hacienda que de las instituciones a cargo del desarrollo productivo, de la política social y medio-ambiental. En efecto, la heterogeneidad institucional prevaleciente en Chile se refleja en la menor influencia, presupuestos más reducidos, menor dotación de profesionales e influencia dentro del sector público de los ministerios sociales (Educación, Salud, Vivienda) y de las políticas de desarrollo productivo y las políticas medio-ambientales. Otro tema que requiere más atención es la capacidad de entes como las Superintendencias de Bancos, de Sociedades Anónimas, de ISAPRE y de AFP, para regular con efectividad a agentes económicos de gran poder en la sociedad chilena. Pasar de un modelo concentrador a otro mas incluyente requiere remover y reformar estos factores reproductores de la desigualdad en Chile. El desafío es económico y político. La estrategia económica de la transición post-régimen de Pinochet fue hecha con el sostenimiento del modelo económico heredado, el que generaba una dinámica de crecimiento y apertura al exterior, pero fue reforzado su impacto de reducción de la pobreza medida en las formas tradicionales y en graduales mejoramientos de la protección social. Dicho modelo pudo ser el apropiado para los inicios de la transición. Sin embargo hoy Chile es un país mucho más rico y moderno en varios aspectos; en este contexto hay una ciudadanía más informada que eventualmente será menos tolerante a la concentración económica, la desigualdad y el poder de las elites. El desafío es como articular un nuevo modelo económico y social para Chile, reformado y ajustado. Este modelo debe combinar estabilidad, crecimiento y apertura externa con una nueva concepción más moderna y enriquecida del tema social y de un desarrollo genuinamente humanista que supere las visiones mecanicistas de la pobreza y se abra a las necesidades crecientemente más complejas de la población del siglo XXI. Para esto se requiere movilizar los instrumentos técnicos y el apoyo social que necesita un Chile menos desigual y más democrática.
: Economista Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctor en Economía en MIT, Estados Unidos. Blog: asolimano@blogspot.com. Sitio: www.andressolimano.com
Andrés Solimano*
10/Julio/2007
Quizás hay pocos conceptos tan elusivos como el de la pobreza. La medición estándar es comparar los ingresos de las personas o familias con el costo de una canasta mínima de satisfacción de necesidades básicas. La ventaja práctica de este método es que, en principio, se puede “medir” la pobreza y, si se creen los números obtenidos, estos pueden ser comparados en el tiempo y entre países para inferir avances o retrocesos en la “lucha contra la pobreza”. Por supuesto esta medida de la pobreza es prácticamente una caricatura de la condición humana. Más bien sirve para identificar situaciones de indigencia y vulnerabilidad alimenticia y de salud que, por supuesto, deben ser atendidas con celeridad y eficacia. La interrogante: Que constituye una buena calidad de vida o cuan felices son las personas? es un tema que ya preocupó a los filósofos griegos de la antigüedad como Platón y Aristóteles, a los utilitaristas como Bentham y Jevons, y a pensadores como Marx, Arendt, Sartre, Cohen y otros, que trataron de ir mas allá de las condiciones materiales de las personas para inferir felicidad, satisfacción y calidad de vida, identificando otras dimensiones relevantes como alienación versus auto-realización, el sentido de pertenencia a la familia y la comunidad, reconocimiento social, acceso a bienes estéticos, capacidades creativas, y la practica de la solidaridad social como medio de trascendencia moral. Obviamente ni la canasta de bienes de consumo y servicios mejor medida del mundo va ser capaz de reflejar, cabalmente, estas consideraciones. Sin embargo los gobiernos y las instituciones internaciones necesitan mostrar resultados de su acción y aparentemente la lucha contra la pobreza es capaz de movilizar consensos en torno a un objetivo, en apariencia inobjetable, pero que analizado con profundidad es un criterio en necesidad de profundas revisiones.
Es obvio que tarde o temprano la pobreza tenderá a desaparecer producto del crecimiento económico y de la presión social por mejorar la situación de los sectores populares y pobres. Ya lo indicó hace tiempo el famoso economista británico John Maynard Keynes quien escribió, en medio del pesimismo de la depresión de los años 30 un famoso articulo titulado The Economic Possibilities of our Grandchildren (Las Posibilidades Económicas de Nuestros Nietos). En dicho articulo Keynes mostraba que un país creciendo a una tasa razonable (3 por ciento por año para el Reino Unido fue su ejemplo) resolvería su problema económico, entendido como contar con los bienes materiales para cubrir las necesidades fundamentales de la población, en no mas de dos generaciones. Por supuesto la sociedad inglesa era menos desigual que la Chilena y por lo tanto derrotar la pobreza era más fácil aunque incluso los países ricos no pueden cantar victoria total en ese frente. Pero el punto de fondo es que el problema tenía solución.
La desigualdad.
Si el potencial económico de Chile (sobre todo ahora que somos mas rico por el cobre) da para resolver el problema de la pobreza a una velocidad mucho más rápida que la observada y si este problema efectivamente se resolviera serán los chilenos efectivamente mas felices? vivirán mejor? tendrán vidas mas satisfactorias? Ciertamente una parte importante del “problema económico” es lograr que la población se alimente bien y pueda satisfacer sus necesidades de consumo, abrigo, vivienda, salud. Sin embargo, una observación mas detenida del comportamiento humano revela que las necesidades se vuelven relativas y ahí el problema adquiere otro cariz. Lo relativo puede ser respecto a lo que tienen otros y entonces dependemos de la distribución de los ingresos y las oportunidades. También lo relativo se puede definir en relación a lo que cada cual tenía en el pasado (tener un TV blanco y negro era probablemente una enorme fuente de satisfacción en los años 60 para muchas familias pero hoy volver a un TV blanco y negro es un evidente retroceso para muchos). También lo relativo puede ser respecto a las expectativas de bienestar material futuro de las personas. En cualquier caso, pasando del umbral de satisfacción de sus necesidades básicas (este criterio obviamente también cambia en el tiempo), su felicidad y satisfacción la evaluarán en una perspectiva relativa.
Compararse no es solo un problema de “envidia” como algunos aducen para descartar la preocupación por el tema distributivo. Simplemente parte de la satisfacción (o frustración) de la gente se deriva de su percepción de vivir o no en un orden social justo, donde las oportunidades son razonablemente iguales para todos, donde la capacidad de esfuerzo individual y colectivo, el talento, la inventiva y la actitud frente al riesgo son los determinantes fundamentales de la capacidad de progreso económico y de generación de ingresos de las personas mas que los contactos sociales, la pertenencia a un partido político, la riqueza familiar o el origen social. Muchas veces la satisfacción con el entorno laboral, la capacidad de participación ciudadana, la inserción comunitaria y una vida familiar plena son más importantes que el acceso a los bienes de consumo. Lamentablemente nuestro modelo económico y las varas culturales de éxito que este modelo ha generado premian más el consumo que estas otras dimensiones.
Chile es una economía y sociedad con una distribución de ingresos muy desigual, bastante estable en el tiempo y que tiene mecanismos fuertes de reproducción y de preservación del status quo. Los datos sobre la desigualdad son bastante conocidos: mientras el 10 por ciento mas pobre captura poco más del 1 por ciento del ingreso nacional el 10 por ciento mas rico representa el 46 por ciento de dicho ingreso. Esta brecha se ensancha al comparar el 5 por ciento más rico con el 5 por ciento mas pobre. Esta dispersión se exacerba más aun si comparamos el 1 por ciento más rico con el 1 por ciento mas pobre. El coeficiente de Gini, una medida matemática para medir la distribución del ingreso (el valor cero representa perfecta igualdad y el valor uno desigualdad completa) era de 0.57 en 1990, alrededor de 0.56 en el 2003 y bajó levemente a 0.54 en el 2006 según los datos preliminares de la CASEN 2006. Estos niveles del índice ubican a Chile entre los países mas desiguales de América Latina una región ya con ingresos muy concentrados en el concierto internacional. Si se hace el ejercicio de sacar el 10 por ciento mas rico del cálculo del índice de Gini este baja a 0.38 un nivel cercano al promedio de la OECD. Es decir la desigualdad en Chile se asocia a una alta concentración de la distribución en los tramos de ingresos más altos y no debido a una pobreza muy crítica en los estratos bajos. Hay dos características adicionales de la desigualdad en Chile: una es que parece ser bastante insensible al ritmo de crecimiento económico y la otra que el advenimiento de la democracia en 1990 casi no afectó la desigualdad subsiguiente. En efecto, mientras Chile duplicó su ingreso por habitante en los últimos 20 años la desigualdad permaneció prácticamente constante; tal vez sucesivos aumentos en el grado de ingreso por persona y el nivel de desarrollo de Chile lleven a que esta disminuye, pero esto aun debe ser verificado. La segunda característica es que la restauración de la democracia en 1990 no ha llevado a ninguna reducción significativa de la desigualdad. Prosperidad y democracia, aparentemente, corren por un carril separado al de la desigualdad en Chile, lo que es un tema preocupante por las consideraciones anteriormente expuestas.
Porque la desigualdad resulta ser tan estable en nuestro país? podemos identificar cuatro factores, vigentes actualmente, que pueden calificarse como elementos reproductores e incluso reforzadores de la desigualdad;(i) una alta concertación de la riqueza de activos productivos, (ii) una estructura productiva caracterizada por un gran numero de empresas de menor tamaño que conviven con un numero reducido de empresas grandes de mayor productividad, con acceso a crédito, mercados externos y tecnologías, (iii) un sistema educacional con grandes diferencias de recursos y calidad entre educación publica y privada y (iv) una matriz institucional que tiene instituciones muchos mas fuertes encargadas de la estabilidad macroeconómica que de la gestión de la política social.
Las cifras son claras en mostrar concentración patrimonial por parte de grupos económicos e individuos en la banca, AFP, ISAPRES, el mercado accionario, industria farmacéutica, supermercados y otras. Esta concentración de propiedad ciertamente está relacionada con la concentración de ingresos corrientes que mide la encuesta CASEN la que básicamente mide ingresos laborales mas que los ingresos del capital.
Un segundo factor está asociado a una estructura productiva muy heterogénea y concentrada. Las mediciones del sector de micro empresas difieren si estas se miden según empleo o ventas; de cualquier forma, el sector es muy numeroso, su contribución al empleo total es cercana al 70 por ciento, su productividad es inferior a las empresas grandes y tienen una serie de restricciones al acceso a crédito, tecnología y mercados. En contraste el sector de empresas clasificadas como grandes es muy pequeño en tamaño: alrededor de 7000 establecimientos en comparación con cerca de 500 mil micro empresas (criterio ventas del Servicio de Impuestos Internos). Las empresas grandes tienen una alta participación en las ventas y realizan el grueso del esfuerzo exportador chileno, aunque son menos intensivas en empleo que empresas de menor tamaño. Estas dualidades productivas ciertamente están relacionadas con la concertación de ingresos antes documentada. Referente al sistema educacional los recursos económicos por alumno que dispone la educación privada son muy superiores a los que dispone la educación publica a la que van los hijos de los pobres y parte de la clase media; por otra parte las diferencias en rendimiento en las pruebas de selección universitaria están cercanamente asociadas al tipo de escuela que proviene el alumno, etc. Como el capital humano es una variable que influye decisivamente en la capacidad de generación de ingresos de las personas las desigualdades en el sistema educacional tienden a reforzar la desigualdad inicial de recursos entre los jóvenes y sus familias que sesgan su acceso a la educación pública versus la privada. Finalmente, la matriz institucional es importante para la preservación de posiciones de influencia y poder de las elites y además reflejan las prioridades de la política económica y social a través del aparato del estado. Chile tiene un sistema presidencial fuerte, con iniciativa legislativa concentrada en el ejecutivo y un sistema binominal que premia la permanencia de coaliciones en el tiempo (Concertación por la Democracia y Alianza por Chile) y castiga electoralmente a los partidos y grupos que están fuera de estas alianzas. Este sistema le ha dado a partir de 1990 una considerable estabilidad al sistema político chileno; sin embargo, este no favorece ni incentiva cambios sistémicos en la sociedad chilena que puedan afectar los intereses de las elites políticas dominantes. A nivel de institucionalidad económica y social se observa una mayor fortaleza e influencia de las instituciones a cargo de la política macroeconómica como el Banco Central y el Ministerio de Hacienda que de las instituciones a cargo del desarrollo productivo, de la política social y medio-ambiental. En efecto, la heterogeneidad institucional prevaleciente en Chile se refleja en la menor influencia, presupuestos más reducidos, menor dotación de profesionales e influencia dentro del sector público de los ministerios sociales (Educación, Salud, Vivienda) y de las políticas de desarrollo productivo y las políticas medio-ambientales. Otro tema que requiere más atención es la capacidad de entes como las Superintendencias de Bancos, de Sociedades Anónimas, de ISAPRE y de AFP, para regular con efectividad a agentes económicos de gran poder en la sociedad chilena. Pasar de un modelo concentrador a otro mas incluyente requiere remover y reformar estos factores reproductores de la desigualdad en Chile. El desafío es económico y político. La estrategia económica de la transición post-régimen de Pinochet fue hecha con el sostenimiento del modelo económico heredado, el que generaba una dinámica de crecimiento y apertura al exterior, pero fue reforzado su impacto de reducción de la pobreza medida en las formas tradicionales y en graduales mejoramientos de la protección social. Dicho modelo pudo ser el apropiado para los inicios de la transición. Sin embargo hoy Chile es un país mucho más rico y moderno en varios aspectos; en este contexto hay una ciudadanía más informada que eventualmente será menos tolerante a la concentración económica, la desigualdad y el poder de las elites. El desafío es como articular un nuevo modelo económico y social para Chile, reformado y ajustado. Este modelo debe combinar estabilidad, crecimiento y apertura externa con una nueva concepción más moderna y enriquecida del tema social y de un desarrollo genuinamente humanista que supere las visiones mecanicistas de la pobreza y se abra a las necesidades crecientemente más complejas de la población del siglo XXI. Para esto se requiere movilizar los instrumentos técnicos y el apoyo social que necesita un Chile menos desigual y más democrática.
: Economista Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctor en Economía en MIT, Estados Unidos. Blog: asolimano@blogspot.com. Sitio: www.andressolimano.com
martes, 10 de julio de 2007
Transantiago. El Plan A y otras alternativas.
A tres meses del lanzamiento del Transantiago se pueden distinguir tres propuestas para salir de la crisis del transporte capitalino: El Plan A, apoyado por las autoridades, apuesta a la viabilidad del Transantiago (TS) vía inyección de mas recursos del fisco, normalización del sistema de pagos del sistema, reducción de la evasión y aumento en el numero y frecuencia de los buses en circulación. El Plan B esbozado por el ex Presidente Frei plantea la superación del Transantiago y propone un rol mas activo del estado en el manejo del transporte de Santiago. Inicialmente anunciado como estatización por Frei este esquema tiene distintas variantes. Una es la intervención del TS hasta la normalización del sistema para dejar paso después a un régimen más permanente el que puede ser estatal, mixto o privatizado. También se ha planteado recientemente que el Metro opere con una división de buses expandiendo su campo de acción en un sistema integrado de tren –subterráneo y transporte colectivo de buses. Finalmente está el Plan C, apoyado por una parte de la Alianza y algunos analistas que sería una suerte de retorno al sistema pre-Transantiago, reestableciendo la malla de antiguos recorridos y quizás la vuelta de los antiguos micro-buses.
Cada plan tiene sus pro y contra. El Plan A tiene dos implicancias serias: primeramente, el costo de financiar la brecha de recursos del TS recae, hasta ahora, enteramente sobre las arcas fiscales y el Metro, una empresa estatal. Sin embargo el sistema se supone que es privado, con una AFT en que participan bancos comerciales (aparte del Banco del Estado) de gran capacidad financiera. Es una situación cualitativamente similar a la crisis financiera de los bancos de hace 25 años: rescate estatal de un sistema privado, aunque con la diferencia que ahora las entidades financieras que apoyan al TS son muy sanas y capitalizadas financieramente. La segunda dificultad es la apuesta a que solo realineando los incentivos monetarios a los operadores estos proveerán la cantidad y frecuencia adecuada de buses en circulación. En un contexto de incertidumbre sobre la demanda efectiva y sobre las reglas del juego no se debe descartar que los operadores privados mantengan su comportamiento actual; alternativamente estos buscarán un gran reaseguro mediante mayores tarifas o ingresos garantizados, lo que elevara más los costos de operación del TS. Lo que funciona en tiempos normales (incentivos) generalmente no funciona en épocas de crisis. Pasemos al Plan B. Este evita la redistribución fiscal hacia el sector privado del Plan A aunque obviamente también tiene un costo de recursos que habría que determinar. Por otra parte el tema de los incentivos adquiere una dimensión menos crucial ya que se supone operaria con provisión directa de buses. Sin embargo si parte de los servicios, por ejemplo de alimentadores se contratan al sector privado el tema de los incentivos vuelve a ser relevante pero a una escala mucho mas acotada que en el Plan A. La principal objeción que se ha hecho al Plan B es la posibilidad que una empresa estatal de transportes caiga en los vicios del clientelismo, la nominación política de personal, ejecutivos y directores y por ende no se garantice una gobernabilidad y eficiencia adecuada. Estos peligros son reales y la propuesta debe garantizar que esto no vaya a suceder, aunque la alternativa de una expansión de actividades del Metro sería en torno a una empresa estatal que ha funcionado, en lo grueso, con eficiencia. Finalmente, la opción C adolece del peso de los problemas del sistema antiguo como la contaminación, inseguridad y polución que se iban a remediar con el TS. Debemos ser capaces de discutir civilizada, informada y constructivamente las opciones abiertas ante un tema tan trascendental como el del transporte.
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* Economista UC y Doctor en Economía del MIT.
martes, 15 de mayo de 2007
Estatizacion del Transantiago?
La Tercera 15/Mayo/2007
El ex Presidente, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ha planteado, con gran lucidez, que dada la crisis del Transantiago lo que corresponde es pasar a un sistema estatal de transporte publico como el que se utiliza en las grandes capitales del mundo desarrollado. El tema es pragmático y no ideológico; no es el fantasma del comunismo aparecido por la ventana ni la reedición de las nacionalizaciones de la UP.
El caso del Transantiago ilustra, dramáticamente, las dificultades de la provisión privada de un servicio estratégico en condiciones de incertidumbre y complejidades de coordinación. En el caso de redes de transporte esto se da con frecuencia y por eso los países desarrollados prefieren el sistema público. En Chile los operadores privados de buses son extremadamente sensibles a una posible baja de ingresos, aunque sea transitoria, y simplemente hacen circular menos buses que los requeridos. Falló el sistema tecnológico y hay evasión. Pero los privados no tienen paciencia ni esperan a que estos problemas se solucionen. Si no hay pago, no hay servicio. Simple, directo y brutal. Falta financiamiento? Entonces que se ponga el fisco. Un observador se preguntará: porque si en la AFT (Administradora Financiera del Transantiago) hay tres grandes bancos comerciales, con una enorme capacidad crediticia, no son estos lo que le hacen un préstamo al Transantiago, en vez pedirle “prestado” al Metro? Probablemente porque no lo ven un buen negocio. La lógica parece ser “ganancia a todo evento”. El lucro es un acicate poderoso que consigue muchas cosas. Pero si no aparece, nada se mueve bien. Sin embrago, la gente debe llegar a trabajar, volver a sus casas y movilizarse diariamente. Ya el país sufrió un episodio de socialización de perdidas a gran escala en la crisis de 1982-83 y nuevamente le van a pasar la cuenta. Economía de mercado si, pero cuando hay ganancias. Ahí el estado debe estar lo más lejos posible. Si hay pérdidas para los privados y el servicio es estratégico como el caso del transporte, el estado debe ponerse. Ya lo vimos en la crisis bancaria de hace 25 años atrás.
No todo pasado fue peor. La antigua ETC (Empresa de Transportes Colectivos del Estado) disponía de una planta de recordados trolleys, maquinas silenciosas, no contaminantes y seguras, manejadas por conductores profesionales quienes de uniforme, corbata y gorro, llevaban con cortesía y cuidado a los escolares de nuestro país y al resto de los usuarios. Que distinto al Chile de hoy. Pero hoy se puede crear la ETS: Empresa de Transporte Público de Santiago dotada de los buses de mejor calidad y no contaminantes que se puedan comprar en el mundo, que racionalice los recorridos, con una planta de conductores muy profesionales; una compañía manejadas por idóneos ejecutivos, con una filosofía de servicio publico y de solidez financiera. Afortunadamente hay plata del Cobre para comprar los buses y pagarlos al contado. En fin, es hora de pensar y actuar distinto. Fortalezcamos el Metro, hasta hace poco, un orgullo nacional y junto a la ETS construyamos un sistema de transporte publico como se merece un país de la riqueza y la dignidad como el nuestro!
El ex Presidente, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ha planteado, con gran lucidez, que dada la crisis del Transantiago lo que corresponde es pasar a un sistema estatal de transporte publico como el que se utiliza en las grandes capitales del mundo desarrollado. El tema es pragmático y no ideológico; no es el fantasma del comunismo aparecido por la ventana ni la reedición de las nacionalizaciones de la UP.
El caso del Transantiago ilustra, dramáticamente, las dificultades de la provisión privada de un servicio estratégico en condiciones de incertidumbre y complejidades de coordinación. En el caso de redes de transporte esto se da con frecuencia y por eso los países desarrollados prefieren el sistema público. En Chile los operadores privados de buses son extremadamente sensibles a una posible baja de ingresos, aunque sea transitoria, y simplemente hacen circular menos buses que los requeridos. Falló el sistema tecnológico y hay evasión. Pero los privados no tienen paciencia ni esperan a que estos problemas se solucionen. Si no hay pago, no hay servicio. Simple, directo y brutal. Falta financiamiento? Entonces que se ponga el fisco. Un observador se preguntará: porque si en la AFT (Administradora Financiera del Transantiago) hay tres grandes bancos comerciales, con una enorme capacidad crediticia, no son estos lo que le hacen un préstamo al Transantiago, en vez pedirle “prestado” al Metro? Probablemente porque no lo ven un buen negocio. La lógica parece ser “ganancia a todo evento”. El lucro es un acicate poderoso que consigue muchas cosas. Pero si no aparece, nada se mueve bien. Sin embrago, la gente debe llegar a trabajar, volver a sus casas y movilizarse diariamente. Ya el país sufrió un episodio de socialización de perdidas a gran escala en la crisis de 1982-83 y nuevamente le van a pasar la cuenta. Economía de mercado si, pero cuando hay ganancias. Ahí el estado debe estar lo más lejos posible. Si hay pérdidas para los privados y el servicio es estratégico como el caso del transporte, el estado debe ponerse. Ya lo vimos en la crisis bancaria de hace 25 años atrás.
No todo pasado fue peor. La antigua ETC (Empresa de Transportes Colectivos del Estado) disponía de una planta de recordados trolleys, maquinas silenciosas, no contaminantes y seguras, manejadas por conductores profesionales quienes de uniforme, corbata y gorro, llevaban con cortesía y cuidado a los escolares de nuestro país y al resto de los usuarios. Que distinto al Chile de hoy. Pero hoy se puede crear la ETS: Empresa de Transporte Público de Santiago dotada de los buses de mejor calidad y no contaminantes que se puedan comprar en el mundo, que racionalice los recorridos, con una planta de conductores muy profesionales; una compañía manejadas por idóneos ejecutivos, con una filosofía de servicio publico y de solidez financiera. Afortunadamente hay plata del Cobre para comprar los buses y pagarlos al contado. En fin, es hora de pensar y actuar distinto. Fortalezcamos el Metro, hasta hace poco, un orgullo nacional y junto a la ETS construyamos un sistema de transporte publico como se merece un país de la riqueza y la dignidad como el nuestro!
lunes, 7 de mayo de 2007
Neoliberalismo, Nacionalismo Económico y Cultura en América Latina
Andrés Solimano*
Mayo 4, 2007
América Latina vive tiempos difíciles. La complacencia de la década de los 90 que la región había finalmente encontrado una feliz combinación de democracia política y economía de mercado como vía para alcanzar la prosperidad, la estabilidad y el desarrollo ya es casi cosa del pasado. El cuestionamiento no es tanto a la democracia, la que sin duda adolece de problemas de representación, flexibilidad y transparencia sino mas bien de la viabilidad del modelo económico imperante. También hay una dimensión cultural subyacente.
La evidencia empírica acumulada sobre el desempeño económico y social de la región en los últimos 15 a 20 años muestra que el crecimiento económico ha sido esquivo, con una tasa promedio cercana al 3 por ciento anual (en dicho periodo China ha crecido a cerca del 9 por ciento anual y otras economías dinámicas de Asia y Europa del este cerca del 7 por ciento anual). La pobreza actualmente es cerca del 38 por ciento de la población es decir más de 200 millones de personas y la desigualdad de ingresos y riquezas es persistentemente alta. Los principales logros de las políticas de la última década en la región se han realizado en la reducción de la inflación, mejoramiento fiscal y apertura al comercio internacional. El desempeño económico, con sus aciertos y carencias, sin embargo ha ido creando una situación de insatisfacción en América Latina. Lo anterior se ha reflejado en la elección de varios presidentes en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y Venezuela sobre una plataforma anti-sistema con cuestionamiento del modelo económico neoliberal. En otros países como Uruguay, Brasil, Chile, Perú el electorado ha preferido la opción social demócrata de centro-izquierda. Alternativas de centro derecha ganaron las elecciones presidenciales en Colombia y Méjico, pero en elecciones en que resultaron fortalecidas las opciones contestatarias de izquierda de ambos países.
El modelo neoliberal.
La mayoría de los países de América Latina ha implementado en los últimas dos décadas, con variaciones nacionales, el Consenso de Washington o modelo neoliberal. Este enfoque recomienda la adopción de un paquete económico centrado en políticas de estabilización macroeconómica, apertura externa, liberalización de mercados y privatizaciones que conducirían a elevar el ritmo de crecimiento económico y a traer prosperidad a los países que la aplicaban. En retrospectiva, si bien esta estrategia contenía elementos necesarios para un manejo económico adecuado como la necesidad de la estabilización macroeconómica y la apertura externa en un mundo crecientemente globalizado, era una estrategia limitada tanto en sus objetivos como en sus instrumentos. Un problema fundamental del consenso de Washington fue la subestimación de al menos tres condiciones previas necesarias para realizar transformaciones económicas de alta complejidad: (a) contar con una capacidad institucional con capacidad de ejecución que le impidiera ser paralizada por la presión de grupos de interés; (b) que en América Latina la estructura social es caracterizada por una alta desigualdad de ingresos y riquezas, lo que genera conflicto social y (c) que culturalmente la región latinoamericana, como otras, tiende a ser resistente a la formación de sociedades muy orientadas al mercado al entrar en contradicción con los valores sociales predominantes que se identifican mas abajo. Para superar algunas de estas insuficiencias las mismas instituciones que promovieron el consenso de Washington (Banco Mundial, FMI, BID) y autores afines plantearon adoptar “reformas de segunda y tercera generación” que otorgaban mas énfasis a aspectos institucionales y de equidad social. Independiente de la validez de alguna de estas propuestas, el intento desde dentro de “reformar las reformas” adolece de dos limitaciones: (a) las nuevas reformas se conciben como secuencias o modificaciones de un modelo básicamente correcto; (b) su credibilidad es limitada al ser visto demasiado cercano a las políticas que supuestamente se quiere reformar.
El nacionalismo económico como respuesta al neo-liberalismo.
En América Latina se ha desarrollado en algunos países una contra-respuesta al modelo de liberalización, privatización y desregulación de mercado que podemos llamar, a falta de un mejor término, como “nacionalismo económico”. Este modelo surge en países que tienen riquezas naturales significativas como petróleo en Venezuela y Ecuador y los hidrocarburos en Bolivia. En este contexto, el nacionalismo económico es reticente a la inversión extranjera en el área de recursos naturales (y probablemente en otras también) y prefiere que estos sean explotados por el estado. El modelo además busca su exportación a otros países de América Latina con estructuras económicas similares (abundancia de recursos naturales); en su dimensión regional el modelo es además (valga la posible contradicción), “internacionalista y solidario”; en esta dimensión por ejemplo Venezuela ofrece generosa ayuda económica a otros países (principalmente Bolivia, Argentina, Ecuador y Cuba) a través de programas de venta, en condiciones favorables, de petróleo, de asociaciones con empresas estatales nacionales y a través de la compra de deuda externa en países altamente endeudados como Ecuador y Argentina. Por otra parte el modelo otorga una alta prioridad a los objetivos sociales (no siempre bien definidos) cuyo logro estaría financiado con excedentes de la explotación de los recursos naturales. Políticamente estos modelos han ido acompañados de intentos re-fundacionales del sistema democrático a través de asambleas constituyentes.
Aspectos culturales de los modelos económicos.
El tercer tema de este artículo se refiere a la dimensión cultural de estos modelos económicos. Pensadores de distintas vertientes han abordado la relación entre cultura y desarrollo económico. Max Weber destacaba la importancia de la ética protestante (que premiaba el ahorro, el trabajo y la riqueza) como un factor clave en facilitar el desarrollo del capitalismo; además de incentivos económicos, la transición de un sistema feudal y tradicionalista al capitalismo, necesitaba una se necesitaba una estructura de valores funcional a las necesidades de acumulación de capital y cambio tecnológico y social acelerado que traía el nuevo orden económico naciente. Es interesante notar que América Latina es predominantemente católica y no protestante. A nivel analítico Max Weber postulaba una causalidad que iba desde los valores al sistema económico. En contraste, Karl Marx antes postuló una causalidad inversa: era la estructura económica y las relaciones de producción las que determinan, en gran medida, las ideas, creencias y valores de la sociedad; este concepto sin embargo fue desafiado, dentro de la misma tradición marxista, por el italiano Antonio Gramsci quien creó el concepto de “hegemonía cultural” al que atribuyo una gran importancia para mantener la legitimidad de cualquier sistema económico-social , incluso mas allá de las formas tradicionales de poder político. Desde otras perspectivas, Daniel Bell y Karl Polyani postulaban que la religión y los valores eran claves para moderar las tendencias de una sociedad estructurada en torno a los valores del mercado los que visualizaban como afectando la cohesión social y los valores tradicionales que dan estabilidad a cualquier sociedad. Este tema ha estado siempre presente en el pensamiento social de la iglesia católica que históricamente ha desconfiado de las consecuencias morales del capitalismo por sus efectos disruptivos sobre los valores al enaltecer la búsqueda de lucro, el individualismo y la auto-realización vía el consumo material. Es interesante y sintomático destacar que los reformadores modernos omitieron absolutamente consideraciones de este tipo en el diseño de las reformas económicas. La critica al modelo económico neoliberal no solo es producto de sus resultados no muy satisfactorios en la esfera económica. Además se percibe una cierta “incomodidad cultural” con varias dimensiones del modelo. Se puede identificar cuatro de estas dimensiones: (i) la persistencia de una considerable desigualdad de ingresos y riqueza la que choca con nociones básicas de igualdad social ampliamente arraigadas en el imaginario social, (ii) el fomento del consumismo con endeudamiento y el afán de lucro lo que es contradictorio con las enseñanzas de la iglesia católica sobre el materialismo, esto en un continente predominantemente católico, (iii) el tema de la corrupción que es obviamente incompatible con distintos códigos ético y moral y (iv) la ampliación del mercado a áreas sociales tradicionalmente reservadas al sector publico como educación, salud y previsión en que el motivo del lucro domina a la lógica de entrega de servicios y de protección social valuados por la población independiente de la capacidad de pagos de las personas. Es importante ampliar la discusión de los modelos de desarrollo y las estrategias abiertas para América Latina a su dimensión cultural.
*; Economista y Magíster en Economía de la Universidad Católica de Chile. Doctor en Economía del MIT, EE.UU, Asesor Regional de CEPAL.
http//: asolimano.blogspot.cl
Lecturas sugeridas.
Daniel Bell (1976) The Cultural Contradictions of Capitalism. Basic Books.
Karl Marx and Friedrich Engels (1979). El Manifiesto Comunista. Editorial Progreso.
Karl Polanyi (1944) The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time. Beacon Press.
Max Weber (1905[2001]) The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London: Routledge Classic.
Stiglitz, J. (2002) Globalization and its Discontents, W.W.Norton &Co.
Kuczynski, P.P and J. Williamson (2003) After the Washington Consensus. Restoring Growth and Reform in Latin America. Institute of International Economics.
Solimano, A. and M. Pollack (2006) La Mesa Coja. Prosperidad y Desigualdad en el Chile Democrático. Colección CIGLOB, Santiago.
Solimano, A. (2000), editor, Desigualdad Social. Valores, Crecimiento y el Estado. Fondo de Cultura Económico, Méjico, DF.
Mayo 4, 2007
América Latina vive tiempos difíciles. La complacencia de la década de los 90 que la región había finalmente encontrado una feliz combinación de democracia política y economía de mercado como vía para alcanzar la prosperidad, la estabilidad y el desarrollo ya es casi cosa del pasado. El cuestionamiento no es tanto a la democracia, la que sin duda adolece de problemas de representación, flexibilidad y transparencia sino mas bien de la viabilidad del modelo económico imperante. También hay una dimensión cultural subyacente.
La evidencia empírica acumulada sobre el desempeño económico y social de la región en los últimos 15 a 20 años muestra que el crecimiento económico ha sido esquivo, con una tasa promedio cercana al 3 por ciento anual (en dicho periodo China ha crecido a cerca del 9 por ciento anual y otras economías dinámicas de Asia y Europa del este cerca del 7 por ciento anual). La pobreza actualmente es cerca del 38 por ciento de la población es decir más de 200 millones de personas y la desigualdad de ingresos y riquezas es persistentemente alta. Los principales logros de las políticas de la última década en la región se han realizado en la reducción de la inflación, mejoramiento fiscal y apertura al comercio internacional. El desempeño económico, con sus aciertos y carencias, sin embargo ha ido creando una situación de insatisfacción en América Latina. Lo anterior se ha reflejado en la elección de varios presidentes en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y Venezuela sobre una plataforma anti-sistema con cuestionamiento del modelo económico neoliberal. En otros países como Uruguay, Brasil, Chile, Perú el electorado ha preferido la opción social demócrata de centro-izquierda. Alternativas de centro derecha ganaron las elecciones presidenciales en Colombia y Méjico, pero en elecciones en que resultaron fortalecidas las opciones contestatarias de izquierda de ambos países.
El modelo neoliberal.
La mayoría de los países de América Latina ha implementado en los últimas dos décadas, con variaciones nacionales, el Consenso de Washington o modelo neoliberal. Este enfoque recomienda la adopción de un paquete económico centrado en políticas de estabilización macroeconómica, apertura externa, liberalización de mercados y privatizaciones que conducirían a elevar el ritmo de crecimiento económico y a traer prosperidad a los países que la aplicaban. En retrospectiva, si bien esta estrategia contenía elementos necesarios para un manejo económico adecuado como la necesidad de la estabilización macroeconómica y la apertura externa en un mundo crecientemente globalizado, era una estrategia limitada tanto en sus objetivos como en sus instrumentos. Un problema fundamental del consenso de Washington fue la subestimación de al menos tres condiciones previas necesarias para realizar transformaciones económicas de alta complejidad: (a) contar con una capacidad institucional con capacidad de ejecución que le impidiera ser paralizada por la presión de grupos de interés; (b) que en América Latina la estructura social es caracterizada por una alta desigualdad de ingresos y riquezas, lo que genera conflicto social y (c) que culturalmente la región latinoamericana, como otras, tiende a ser resistente a la formación de sociedades muy orientadas al mercado al entrar en contradicción con los valores sociales predominantes que se identifican mas abajo. Para superar algunas de estas insuficiencias las mismas instituciones que promovieron el consenso de Washington (Banco Mundial, FMI, BID) y autores afines plantearon adoptar “reformas de segunda y tercera generación” que otorgaban mas énfasis a aspectos institucionales y de equidad social. Independiente de la validez de alguna de estas propuestas, el intento desde dentro de “reformar las reformas” adolece de dos limitaciones: (a) las nuevas reformas se conciben como secuencias o modificaciones de un modelo básicamente correcto; (b) su credibilidad es limitada al ser visto demasiado cercano a las políticas que supuestamente se quiere reformar.
El nacionalismo económico como respuesta al neo-liberalismo.
En América Latina se ha desarrollado en algunos países una contra-respuesta al modelo de liberalización, privatización y desregulación de mercado que podemos llamar, a falta de un mejor término, como “nacionalismo económico”. Este modelo surge en países que tienen riquezas naturales significativas como petróleo en Venezuela y Ecuador y los hidrocarburos en Bolivia. En este contexto, el nacionalismo económico es reticente a la inversión extranjera en el área de recursos naturales (y probablemente en otras también) y prefiere que estos sean explotados por el estado. El modelo además busca su exportación a otros países de América Latina con estructuras económicas similares (abundancia de recursos naturales); en su dimensión regional el modelo es además (valga la posible contradicción), “internacionalista y solidario”; en esta dimensión por ejemplo Venezuela ofrece generosa ayuda económica a otros países (principalmente Bolivia, Argentina, Ecuador y Cuba) a través de programas de venta, en condiciones favorables, de petróleo, de asociaciones con empresas estatales nacionales y a través de la compra de deuda externa en países altamente endeudados como Ecuador y Argentina. Por otra parte el modelo otorga una alta prioridad a los objetivos sociales (no siempre bien definidos) cuyo logro estaría financiado con excedentes de la explotación de los recursos naturales. Políticamente estos modelos han ido acompañados de intentos re-fundacionales del sistema democrático a través de asambleas constituyentes.
Aspectos culturales de los modelos económicos.
El tercer tema de este artículo se refiere a la dimensión cultural de estos modelos económicos. Pensadores de distintas vertientes han abordado la relación entre cultura y desarrollo económico. Max Weber destacaba la importancia de la ética protestante (que premiaba el ahorro, el trabajo y la riqueza) como un factor clave en facilitar el desarrollo del capitalismo; además de incentivos económicos, la transición de un sistema feudal y tradicionalista al capitalismo, necesitaba una se necesitaba una estructura de valores funcional a las necesidades de acumulación de capital y cambio tecnológico y social acelerado que traía el nuevo orden económico naciente. Es interesante notar que América Latina es predominantemente católica y no protestante. A nivel analítico Max Weber postulaba una causalidad que iba desde los valores al sistema económico. En contraste, Karl Marx antes postuló una causalidad inversa: era la estructura económica y las relaciones de producción las que determinan, en gran medida, las ideas, creencias y valores de la sociedad; este concepto sin embargo fue desafiado, dentro de la misma tradición marxista, por el italiano Antonio Gramsci quien creó el concepto de “hegemonía cultural” al que atribuyo una gran importancia para mantener la legitimidad de cualquier sistema económico-social , incluso mas allá de las formas tradicionales de poder político. Desde otras perspectivas, Daniel Bell y Karl Polyani postulaban que la religión y los valores eran claves para moderar las tendencias de una sociedad estructurada en torno a los valores del mercado los que visualizaban como afectando la cohesión social y los valores tradicionales que dan estabilidad a cualquier sociedad. Este tema ha estado siempre presente en el pensamiento social de la iglesia católica que históricamente ha desconfiado de las consecuencias morales del capitalismo por sus efectos disruptivos sobre los valores al enaltecer la búsqueda de lucro, el individualismo y la auto-realización vía el consumo material. Es interesante y sintomático destacar que los reformadores modernos omitieron absolutamente consideraciones de este tipo en el diseño de las reformas económicas. La critica al modelo económico neoliberal no solo es producto de sus resultados no muy satisfactorios en la esfera económica. Además se percibe una cierta “incomodidad cultural” con varias dimensiones del modelo. Se puede identificar cuatro de estas dimensiones: (i) la persistencia de una considerable desigualdad de ingresos y riqueza la que choca con nociones básicas de igualdad social ampliamente arraigadas en el imaginario social, (ii) el fomento del consumismo con endeudamiento y el afán de lucro lo que es contradictorio con las enseñanzas de la iglesia católica sobre el materialismo, esto en un continente predominantemente católico, (iii) el tema de la corrupción que es obviamente incompatible con distintos códigos ético y moral y (iv) la ampliación del mercado a áreas sociales tradicionalmente reservadas al sector publico como educación, salud y previsión en que el motivo del lucro domina a la lógica de entrega de servicios y de protección social valuados por la población independiente de la capacidad de pagos de las personas. Es importante ampliar la discusión de los modelos de desarrollo y las estrategias abiertas para América Latina a su dimensión cultural.
*; Economista y Magíster en Economía de la Universidad Católica de Chile. Doctor en Economía del MIT, EE.UU, Asesor Regional de CEPAL.
http//: asolimano.blogspot.cl
Lecturas sugeridas.
Daniel Bell (1976) The Cultural Contradictions of Capitalism. Basic Books.
Karl Marx and Friedrich Engels (1979). El Manifiesto Comunista. Editorial Progreso.
Karl Polanyi (1944) The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time. Beacon Press.
Max Weber (1905[2001]) The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London: Routledge Classic.
Stiglitz, J. (2002) Globalization and its Discontents, W.W.Norton &Co.
Kuczynski, P.P and J. Williamson (2003) After the Washington Consensus. Restoring Growth and Reform in Latin America. Institute of International Economics.
Solimano, A. and M. Pollack (2006) La Mesa Coja. Prosperidad y Desigualdad en el Chile Democrático. Colección CIGLOB, Santiago.
Solimano, A. (2000), editor, Desigualdad Social. Valores, Crecimiento y el Estado. Fondo de Cultura Económico, Méjico, DF.
viernes, 27 de abril de 2007
Excedentes Record en CODELCO: Cuanto le Llegará a los Chilenos?
Utilidades record en CODELCO, dicen los diarios. El ciudadano común y corriente se preguntará: Cuanto de esto llegará a la gente? Veamos algunos antecedentes. En Julio de 1971 se aprobó una reforma constitucional que nacionalizó los principales yacimientos de cobre y en 1976 se creó la Corporación Nacional del Cobre de Chile, CODELCO, cuyo decreto ley 1.350 señalaba que “el 100 por ciento de la propiedad de CODELCO es del Estado de Chile y sus dueños son todos los chilenos”. Cuanto recibirán los chilenos directa y tangiblemente de estas utilidades por ser los propietarios finales, según la ley, de CODELCO? Actualmente, la “parte del león” se la lleva el estado chileno a través del Ministerio de Hacienda que recibirá un excedente bruto de 9.215 millones de dólares por utilidades de CODELCO del año 2006.En que se usará este excedente? Una parte, este año, se reinvertirán en la empresa; otra proporción -- nada de despreciable-- va a las Fuerzas Armadas que por ley (reservada) recibirán la cifra de 1.311 millones de dólares…; finalmente otra parte del excedente financiará el mayor gasto social aprobado por el parlamento para el 2007. Lo que sobre se invertirá fuera de Chile. Son estas las únicas alternativas posibles? Porqué los chilenos no deciden ellos mismos que hacer -- cuanto gastar y cuanto ahorrar -- de al menos parte de los excedentes de CODELCO? Según ley de la Republica ellos son los dueños (por partes iguales) de CODELCO. Para esto los ciudadanos deberían recibir directamente un dividendo (llamémoslo el dividendo ciudadano del cobre) por parte de las utilidades generadas por esta empresa estatal; tal como recibiría cualquier dueño (accionista) de una empresa privada. El efecto de bienestar, presente y futuro, para la población de una distribución social de parte de este excedente sería muy significativo. Un cálculo, solo ilustrativo, de los montos máximos envueltos: si se divide los 9.211 millones de dólares de excedentes en el 2006 en 11.5 millones de chilenos mayores de 18 años (lo que se considera como mayoría de edad y por ende con plenos derechos económicos y políticos) cada chileno mayor de 18 años podría recibir un dividendo, anual, de 800 dólares (cerca de 440 mil pesos a la cotización actual del dólar). En la práctica, el dividendo será menor ya que parte de las utilidades son retenidas para reinversión por CODELCO, otra parte (con piso, pero sin techo) va las FFAA y otra se usará para aumentar el gasto social y de infraestructura. No hay duda que la fórmula propuesta generaría un mayor interés ciudadano (o control social) en la marcha de nuestra industria del cobre, la evolución de sus costes y su administración en general, ya que afectaría directamente los bolsillos de la gente. Aquí hay un potencial beneficio: se crean incentivos para una mejor “gobernabilidad corporativa” en el cobre. Otro beneficio de repartir socialmente un dividendo es liberar las capacidades de ahorro, inversión e innovación a gran escala, que están latentes en muchas personas. En efecto con parte de la plata del dividendo las personas podrán ahorrar e invertir en proyectos tan diversos como formar o ampliar talleres, empresas, educación de los hijos, mejoras de hogar y la vivienda y otros usos productivos. Al permitir y facilitar que la gente de sectores populares y medios adquieran más activos, la distribución de estos será menos desigual. Además adquieren una herramienta para generar, autónomamente, ingresos futuros sin siempre depender del subsidio público. Se favorecería además la equidad, ese componente tan esquivo, la verdadera “Mesa Coja” de nuestro modelo económico.
Un esquema como el planteado se da en otras partes del mundo. Por ejemplo en el estado de Alaska en los Estados Unidos, los ciudadanos de dicho estado reciben, por correo, un cheque correspondiente a la distribución de utilidades de las empresas petroleras de dicho estado. Cada ciudadano de Alaska en los últimos 25 años ha recibido en promedio mil dólares anuales por este concepto y el esquema funciona.
No faltarán las objeciones a este esquema. Los macro-economistas quizás dirán que si se instaura un dividendo ciudadano del cobre, en años buenos, se puede producir un exceso de gasto y apreciación cambiaria. Lo que hay que hacer es ahorrar en el fondo de estabilización (invertido fuera de Chile), las bonanzas del cobre. El punto no es enteramente convincente. El fondo de estabilización es un auto-seguro (contra las fluctuaciones macro); pero es un seguro caro dado el retorno modesto que con toda seguridad obtendrán los excedentes del cobre invertidos en el exterior. Otra objeción: no se puede confiar en la gente, la tecnocracia conoce mejor. Las personas son muchas veces “miopes”: el estado mira el largo plazo (mas allá de la próxima elección?) y sabe mejor cómo ahorrar que las personas (pero quizás ahorrar el 8 por ciento del producto es mucho).
La noción de que no todo lo recibido por las personas se gastará en consumo recibe un sólido apoyo en la teoría económica. Un economista monetarista (Milton Friedman) y otro keynesiano (Franco Modigliani) ganaron sendos Premio Nobel en el pasado precisamente por demostrar que las personas y las familias gastan en consumo corriente de acuerdo a su ingreso permanente, es decir aquel ingreso que es sustentable durante su ciclo de vida y no de acuerdo a ingresos que tienen un carácter transitorio. Así es enteramente razonable esperar que los chilenos no gastarán -- si reciben un cheque por concepto de dividendos por altas utilidades del cobre -- todo lo recibido en bienes de consumo: parte del cheque será ahorrado e invertido. Además el fisco cobraría impuestos por el ingreso adicional que se reparte a la población y tendría un menor gasto fiscal ya que parte de las personas serán menos pobres, financiando ellos con sus nuevos ingresos adicionales gastos que hoy tiene que hacer el estado. Son los m llamados “estabilizadores automáticos”.
La formula del dividendo ciudadano del cobre, además de tener beneficios económicos, busca hacer efectivo el derecho de propiedad del cobre público a la gran mayoría de los chilenos. Avancemos hacia más democracia económica. Ya es hora !!
Publicado en la Tercera en Marzo 16, 2007
Un esquema como el planteado se da en otras partes del mundo. Por ejemplo en el estado de Alaska en los Estados Unidos, los ciudadanos de dicho estado reciben, por correo, un cheque correspondiente a la distribución de utilidades de las empresas petroleras de dicho estado. Cada ciudadano de Alaska en los últimos 25 años ha recibido en promedio mil dólares anuales por este concepto y el esquema funciona.
No faltarán las objeciones a este esquema. Los macro-economistas quizás dirán que si se instaura un dividendo ciudadano del cobre, en años buenos, se puede producir un exceso de gasto y apreciación cambiaria. Lo que hay que hacer es ahorrar en el fondo de estabilización (invertido fuera de Chile), las bonanzas del cobre. El punto no es enteramente convincente. El fondo de estabilización es un auto-seguro (contra las fluctuaciones macro); pero es un seguro caro dado el retorno modesto que con toda seguridad obtendrán los excedentes del cobre invertidos en el exterior. Otra objeción: no se puede confiar en la gente, la tecnocracia conoce mejor. Las personas son muchas veces “miopes”: el estado mira el largo plazo (mas allá de la próxima elección?) y sabe mejor cómo ahorrar que las personas (pero quizás ahorrar el 8 por ciento del producto es mucho).
La noción de que no todo lo recibido por las personas se gastará en consumo recibe un sólido apoyo en la teoría económica. Un economista monetarista (Milton Friedman) y otro keynesiano (Franco Modigliani) ganaron sendos Premio Nobel en el pasado precisamente por demostrar que las personas y las familias gastan en consumo corriente de acuerdo a su ingreso permanente, es decir aquel ingreso que es sustentable durante su ciclo de vida y no de acuerdo a ingresos que tienen un carácter transitorio. Así es enteramente razonable esperar que los chilenos no gastarán -- si reciben un cheque por concepto de dividendos por altas utilidades del cobre -- todo lo recibido en bienes de consumo: parte del cheque será ahorrado e invertido. Además el fisco cobraría impuestos por el ingreso adicional que se reparte a la población y tendría un menor gasto fiscal ya que parte de las personas serán menos pobres, financiando ellos con sus nuevos ingresos adicionales gastos que hoy tiene que hacer el estado. Son los m llamados “estabilizadores automáticos”.
La formula del dividendo ciudadano del cobre, además de tener beneficios económicos, busca hacer efectivo el derecho de propiedad del cobre público a la gran mayoría de los chilenos. Avancemos hacia más democracia económica. Ya es hora !!
Publicado en la Tercera en Marzo 16, 2007
Religión, Cultura y el Modelo Chileno
En una reciente e interesante articulo (“ El Valor de la Fe”, de Cristián Larroulet ) se argumenta, citando a resultados de investigaciones empíricas internacionales recientes, que las personas con formación religiosa son mas propensas a confiar en otras, a respetar los contratos y la propiedad privada lo que favorecería la actividad económica y el desarrollo. El argumento es persuasivo, pero hay otras dimensiones que vale la pena mencionar, dada la complejidad del tema. Pensadores de distintas vertientes han abordado la relación entre religión, cultura y desarrollo económico. Max Weber destacaba la importancia de la ética protestante (que premiaba el ahorro, el trabajo y la riqueza) como clave en facilitar el desarrollo del capitalismo; además de incentivos económicos, la transición de un sistema feudal y tradicionalista al capitalismo, necesitaba una se necesitaba una estructura valórica funcional a las necesidades de acumulación de capital y cambio tecnológico y social acelerado que traía el nuevo orden económico naciente. En Weber (Max) la causalidad iba desde los valores al sistema económico. En contraste, Karl Marx antes postuló una causalidad inversa: era la estructura económica y las relaciones de producción las que determinan, en gran medida, las ideas, creencias y valores de la sociedad; este concepto sin embargo fue desafiado, dentro de la misma tradición marxista, por el italiano Antonio Gramsci quien creó el concepto de “hegemonía cultural” al que atribuyo una gran importancia para mantener la legitimidad de cualquier sistema económico-social , incluso mas allá de las formas tradicionales de poder político. Desde otras perspectivas, Daniel Bell y Karl Polyani postulaban que la religión y los valores eran claves para moderar las tendencias de una sociedad estructurada en torno a los valores del mercado los que visualizaban como afectando la cohesión social y los valores tradicionales que dan estabilidad a cualquier sociedad. Este tema ha estado siempre presente en el pensamiento social de la iglesia católica y de los Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI (este ultimo incluso cita en su último libro el concepto de alineación de Marx). El Vaticano históricamente ha desconfiado de las consecuencias morales del capitalismo, además del comunismo, por sus efectos disruptivos sobre los valores al enaltecer la búsqueda de lucro, el individualismo y la auto-realización vía el consumo material.
La anterior discusión nos lleva a las dimensiones culturales y morales del modelo chileno. Las patas cojas de un modelo que ha traído estabilidad y crecimiento (el que sin embargo se ha desacelerado en los últimos 8 a 10 años) son la persistencia de una considerable desigualdad de ingresos y riqueza, el fomento del consumismo con endeudamiento y el surgimiento de brotes de corrupción. Retomando con el tema de esta columna es evidente la tensión cultural latente en nuestra sociedad entre una población mayoritariamente católica y por ende doctrinariamente adversa a la excesiva diferenciación social y las desigualdades y estas porfiadas realidades que caracterizan la sociedad chilena. Esto invita a una mirada renovada e informada del tema de los valores y su relación con el proceso de desarrollo económico del país.
Publicado: La Tercera 15/Abril/2007.
La anterior discusión nos lleva a las dimensiones culturales y morales del modelo chileno. Las patas cojas de un modelo que ha traído estabilidad y crecimiento (el que sin embargo se ha desacelerado en los últimos 8 a 10 años) son la persistencia de una considerable desigualdad de ingresos y riqueza, el fomento del consumismo con endeudamiento y el surgimiento de brotes de corrupción. Retomando con el tema de esta columna es evidente la tensión cultural latente en nuestra sociedad entre una población mayoritariamente católica y por ende doctrinariamente adversa a la excesiva diferenciación social y las desigualdades y estas porfiadas realidades que caracterizan la sociedad chilena. Esto invita a una mirada renovada e informada del tema de los valores y su relación con el proceso de desarrollo económico del país.
Publicado: La Tercera 15/Abril/2007.
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